Así lo hicieron en la jornada ‘La nueva Ley 8/2021 por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica' que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados, y que organizaron la Fundación Aequitas-Consejo General del Notariado, Fundación ONCE y el CERMI.

 

Dicha ley, que se publicó en el BOE a principios del mes de junio de este mismo año, termina con las incapacitaciones judiciales por discapacidad y, en su lugar, propone todo un sistema de apoyos individualizados para que tomen sus decisiones de forma libre y autónoma. Para ello, elimina las figuras de la tutela, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada, consideradas como "poco adaptadas" al sistema de promoción de la autonomía de las personas adultas con discapacidad.

 

El acto de apertura contó con la participación de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet; el vicepresidente del CERMI y presidente de la Confederación Salud Mental España, Nel González; el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán; la directora de la Fundación Aequitas, Almudena Castro-Gerona Martínez; y el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez.

 

Sobre la reforma, todos los ponentes coincidieron en destacar el consenso entre grupos y operadores jurídicos, al tiempo que resaltaron el compromiso que debía tener la sociedad a partir de ahora con hacer realidad esta reforma.

 

Así, Meritxell Batet afirmó que “la política se construye sobre el derecho y es a la vez su elemento generador”, por lo que se mostró honrada por abrir un evento “que es una muestra de dialogo entre derecho y política sobre una ley aprobada en esta cámara hace pocos meses”, norma que definió como “la concreción política del esfuerzo de análisis jurídico de las organizaciones reunidas aquí hoy”.

 

Asimismo agradeció a las organizaciones el trabajo previo y de impulso para la adopción “de la ley que ahora examinamos” que vienen realizando, que “permite expresar la importancia del análisis de los expertos del derecho para impulsar las reformas y hacerlo generando un consenso entre los grupos de la cámara”, a los grupos por haberla debatido “desde las discrepancias lógicas” y a la sociedad “por la reflexión posterior a su aprobacion”.

 

Destacó también el esfuerzo de organismos internacionales “para crear textos que consoliden las diferentes legislaciones nacionales en lo que termina siendo una consolidación de la ‘Convención de los derechos de las personas con discapacidad’ de 2006, que ha transformado el enfoque del derecho de las personas con discapacidad también en España”. 

 

Además hizo hincapié en un tercer elemento de asunción de la tarea legada por las mayorías y gobiernos anteriores, a quienes agradeció su labor de adecuación del derecho a la situación de las personas con discapacidad, incidiendo especialmente en los gobiernos y mayorías de los últimos 15 años.

 

“Fraguar acuerdos permite generar estabilidad y consolidar esfuerzos. Una norma aprobada por una mayoría transversal dura más en el tiempo y tiene mayor eficacia. Esta es una de ellas, una muestra de la perspectiva de lucha por la igualdad”, explicó la presidenta del Congreso. ”La ley aborda conceptos que resultan de su entorno jurídico, destinado a garantizar sus derechos pero que en ocasiones se ha mostrado como obstáculo”, apostilló.

 

Por último la presidenta resaltó la importancia de dos nuevos preceptos que incorpora la ley, como son la elección de las actuaciones a llevar a cabo, así como su proporcionalidad; y resaltó la dificultad que entrañaba la reforma, al requerir una atención más prolongada. “Esta ley es una interpelación directa a quien aplica los derechos”, concluyó Batet.

 

En la misma línea apuntó la directora de la Fundación Aequitas, quien destacó la eleccion del artículo 12 de la ‘Convención Internacional de Derechos de las personas con Discapacidad’ como elemento vertebrador fundamental, e igualmente insistió en el papel que tiene la sociedad para “transformar la realidad que tenemos por delante”.

 

 

El vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán alabó la nueva ley, que definió como una “reforma sin precedentes”, y también se mostró agradecido con el consenso político, del que destacó era “la sociedad civil en su mejor expresión”, toda vez que señaló el papel de los operadores jurídicos “por remover y revisar con una nueva mirada del Siglo XXI la situación de muchas personas con discapacidad”.

 

Incidió también en el papel de las cámaras así como de diputados y senadores, sobre todo “de aquellos que han hecho de la discapacidad su causa”, y explicó que la ley “supone un paso más en la plena igualdad de las personas con discapacidad porque les da capacidad de decidir”.

 

“Es una gran conquista y tras su aprobación es importante la puesta en marcha de los sistemas de apoyo necesarios para la plena capacidad jurídica de las personas con discapacidad”, añadió el vicepresidente ejecutivo de la Fundación ONCE. “Desde la aprobación de la convención de las Naciones Unidas, cada vez estamos más cerca del momento en el que nadie diga que actúa por bien de otra persona con discapacidad aunque tenga buena voluntad. Tenemos que superar esa forma de ver a las personas con discapacidad y pensar que tienen el derecho tanto a acertar como a equivocarse”, concluyó el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE.

 

“Desde el CERMI y Salud mental España valoramos positivamente el objetivo de esta reforma. Era fundamental cambiar el antiguo sistema a uno donde predomine la situación basado en la voluntad y el respeto a las personas”, aseguró el vicepresidente del CERMI y presidente de la Confederación Salud Mental España, Nel González, quien puso en valor la labor del CERMI y sus entidades y agradeció “la labor política para convertir este proyecto en una realidad sobre la que trabajar intensamente”.

 

Sobre la nueva reforma, no obstante, mostró reservas; relacionadas con que no se produzca un cambio pleno a un sistema de apoyos “que tendrá como consecuencia que los incapacitados o en proceso se vean sometidas a una curatela sin solución de continuidad, porque no se ha creado una red de apoyo suficientemente amplia, y solo se ha dado nuevas funcionas a antiguas figuras”.

 

Asimismo hizo hincapié en la conveniencia de que intervenga un abogado o procurador para “eliminar situaciones de discrimnación”, y reiteró su preocupación “por la posibilidad de que se perjudique la protección de los derechos de personas con problemas de salud mental por un trasvase de funciones de las guardas tradicionales o los ingresos involuntarios”.

 

El encargado de concluir la apertura del evento fue presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez, quien destacó al igual que Castro-Gerona la importancia de que el evento se produjera en el marco del Congreso de los Diputados, y que definió de “hito fundamental” la ley 8/2021 de 2 de junio, pues “resulta de un diálogo de la sociedad civil con la política, una ley en la que se ha trabajado arduamente durante muchísimos años desde la convención de 2006 por las organizaciones sociales que ha resultado en la elaboración de un convenio con el que esperamos lograr unos beneficios que esperamos poder hacer realidad”.

 

Asimismo, señaló que “la ley convierte a España en la vanguardia a nivel mundial en derechos de las personas con discapacidad”, toda vez que hizo hincapié en El Progreso legislativo continuo.

 

“Es un camino complicado que descansa en la humanidad como principio y en que, a pesar de las limitaciones y dificultades de las personas con discapacidad, permita que, entre todos levantemos las barreras que impiden el ejercicio de su autonomía”, subrayó. “La ley empeña el compromiso de todos en la sociedad y hace creer en la necesidad de encontrar redes de apoyos, coincidiendo con algo consustancial al ser humano, la solidaridad. Entre todos tenemos que impulsar los objetivos de una ley que responde a una causa justa y necesaria”, concluyó.